Calviño convoca a la banca el día 18 para ampliar las ayudas a los hipotecados

La largamente esperada reunión entre el Gobierno y los bancos ya tiene fecha. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha convocado a las tres patronales bancarias -AEB, CECA y Unacc- el próximo 18 de diciembre a media mañana (salvo cambio de planes de última hora) para tratar con ellas la ampliación del plan de ayuda a hipotecados en problemas que su departamento y el sector pactaron en noviembre del año pasado. Las cifras de solicitudes y concesión de las medidas de alivio hipotecario están siendo muy inferiores a las previstas inicialmente, por lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la propia Calviño anunciaron en la campaña electoral del pasado julio una extensión del alcance del plan. A dicha ampliación se oponen tanto el Banco de España como las asociaciones bancarias, mientras que la apoya la asociación de consumidores Asufin, todos ellos convocados para el nuevo encuentro.

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La iniciativa estrella que la vicepresidenta pretende sacar adelante es elevar la renta conjunta anual máxima de las familias que pueden beneficiarse del Código de Buenas Prácticas para el alivio hipotecario de hogares de clase media. Así, pasaría de los actuales 29.400 euros (3,5 veces el IMPREM) a la "renta media" (37.800 euros). La ampliación de ese baremo de renta -incluida también en el pacto de Gobierno del PSOE y Sumar- permitiría que más hogares puedan beneficiarse de las medidas de alivio previstas en el código, como ampliar en siete años el plazo de vencimiento de la hipoteca o congelar la cuota durante 12 meses. Para una hipoteca de 150.000 euros suscrita en 2018, apuntó Calviño en julio, supondría un ahorro de 300 euros al mes y 3.600 euros al año. La vicepresidenta también prevé extender en el tiempo la supresión de las comisiones por amortización anticipada del crédito y por el cambio de hipoteca de tipo variable a fijo, previstas inicialmente solo para 2023. 

Margen de provisiones

Según datos del Banco de España, el plan de ayuda a los hipotecados recibió cerca de 42.800 solicitudes entre enero y julio por parte de familias con una deuda pendiente de pago de 5.367 millones de euros, una cifra "limitada" respecto al número total de créditos hipotecarios en vigor (menos del 0,4%) y también frente a los préstamos que cumplían las condiciones para beneficiarse, aunque también "notablemente superior" al número de peticiones que venía registrando el anterior Código de Buenas Prácticas. Solo un 8% de las solicitudes han sido ya aprobadas, mientras que al rededor de un 50% están pendientes de resolverse y en torno al 40% han sido rechazadas, principalmente -en un 90% de dichos casos- por no cumplir los requisitos. 

El Ejecutivo entiende que el hecho de que la economía y el empleo estén evolucionando mejor de lo previsto el pasado noviembre explica que las solicitudes estén siendo inferiores a las auguradas (habló de hasta un millón de hogares potencialmente beneficiarios, aunque posteriormente el Banco de España rebajó a unos 200.000 los realmente esperables). Las menores peticiones hacen que también esté siendo menor el coste de las medidas para los bancos vía provisiones, con lo que Economía considera que estos tienen margen para ampliar los criterios de renta de los beneficiarios sin que sus cuentas sufran un deterioro adicional al previsto inicialmente.

Mejor de lo esperado

Por contra, tanto el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, como los representantes de los bancos han mostrado su rechazo a ampliar el plan. "La economía ha funcionado mejor de lo pensábamos en términos de empleo y PIB, y la morosidad está bajo control en este momento. Siendo una medida preventiva y habiendo transcurrido solo un año desde la entrada en vigor del código, nos parece que hay que dejar más tiempo a que funcione antes de tomar medidas o conclusiones definitivas", ha argumentado Antonio Romero, director de servicios asociativos de CECA, este lunes en el I Foro Financiero de Prensa Ibérica, empresa editora de EL PERIÓDICO. "No parece que haya elementos objetivos que recomienden o que hagan conveniente la modificación del código. Nos debemos quedar con que el código da respuesta a aquellos que lo necesitan y da tranquilidad a los que lo puedan necesitar en el futuro", ha compartido María Abascal, directora general de la AEB.

Está por ver si Calviño logrará hacerles cambiar de opinión. Y se trata de un asunto importante: la adhesión a los Códigos de Buenas Prácticas es voluntaria para las entidades (si bien una vez suscritos por las entidades, su cumplimiento es obligatorio). Siempre cabe la posibilidad, eso sí, de que el Gobierno decida legislar en el caso de que la banca siga negándose a reabrir el código. Calviño ya intentó en junio extender el plan, pero el gobernador lo frenó en un tenso encuentro en el que también estaban presentes las patronales bancarias, Asufin y representantes de las personas mayores. La reunión del próximo lunes 18 estaba prevista en principio para septiembre, pero finalmente fue retrasada porque el Ministerio de Economía entendió que el Consejo de Ministros no podía estar en funciones para aprobar los cambios que quiere impulsar.